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Buenavista, la muerte que opaca la paz

En la comunidad de Buenavista protesta para exigirle al Estado que impida que la muerte los siga rondando y que llegue de verdad la paz. / EL ESPECTADOR En la comunidad de Buenavista protesta para exigirle al Estado que impida que la muerte los siga rondando y que llegue de verdad la paz. / EL ESPECTADOR

La más reciente masacre en el municipio de Mesetas alerta sobre la presencia de estructuras armadas paramilitares y disidencias cerca del espacio de reincorporación. La comunidad exige presencia y seguridad estatal.

No, no es aislado. La masacre que enlutó a la vereda Buenavista, ocurrida la semana ante pasada, tiene relación con el espacio de reincorporación de excombatientes de las Farc que se ubica en esta vereda del municipio de Mesetas (Meta). El más grande del país. Esa es la convicción que tiene la comunidad que ha denunciado desde hace meses que su cercanía a esta zona donde la guerrilla dejó las armas los pone en riesgo, ante la nula presencia de Policía y la disputa territorial de estructuras armadas ilegales de paramilitares y disidencias.

Es más, una de las personas asesinadas en Buenavista el 25 de octubre trabajaba como maestro de obra en el espacio de reincorporación. Ayudó a adecuar este lugar donde se realizó el acto simbólico más grande de dejación de armas de la exguerrilla hace cuatro meses. Róbinson Tobar Calvo tenía 17 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la noche del miércoles por un joven que jugaba fútbol en la cancha de la escuela de Buenavista, ubicada a pocos metros de allí, cuando buscaba el balón en un camino.

De inmediato dieron aviso al presidente de la Junta de Acción Comunal, quien se armó de valor junto con otras ocho personas de la comunidad para reconocer el cuerpo. Con la confirmación de la identidad decidieron dar aviso a sus familiares, pero los teléfonos celulares estaban apagados. Por eso fueron hasta la finca. Allí encontraron a Diana Marcela Calvo, prima de Róbinson, de 18 años.

Yacía muerta con dos impactos de bala, en la cocina. Fue asesinada frente a sus hijas de dos y cuatro años, según lo que contaron las pequeñas, que esperaban en la entrada. En el mesón quedaron algunas alverjas peladas. Indicio, según los campesinos, de que el hecho ocurrió a las diez de la mañana, hora en que en estas tierras campesinas se pone a cocinar el almuerzo. Cuando llamaron a los policías que estaban en la vereda La Estrella, a diez minutos en carro de allí, contestaron que no tenían cómo llegar tan pronto, porque no tenían motos o camionetas. A Diego Ferney Pilcué, compañero de Diana Marcela, lo encontraron horas después, degollado, en el cafetal donde recogía su cosecha.

“Cuando dijeron que seríamos zona veredal, lo primero que dijimos fue: ¿y nuestra seguridad qué? Porque por aquí han desfilado todos, pero las vías siguen sin pavimentar y no tenemos ni puesto de Policía, ni fluido eléctrico permanente. Es decir, el plan 5051 nunca llegó. La Policía dice que todo es materia de investigación, pero nosotros, que hemos vivido la guerra tan de frente y que padecimos procesos fallidos de paz, sabemos que esto tiene relación y tememos que éstas sean las primeras represalias”, aseguró Elena Trujillo, la profesora de la única escuela de Buenavista.

La masacre los enmudeció. En Buenavista ya no hay tardes de fútbol o reuniones en la noche. Volvieron a los años de la guerra, a la frustración y el asesinato de miembros de la Unión Patriótica a finales de los 80, al temor de los enfrentamientos armados. Diego Ferney Pilcué era hijo de Manuel Santiago Pilcué, un indígena nasa, de Tierradentro (Cauca), que llegó a la región en 1982, como muchos otros, buscando un pedazo de tierra para cultivar y vivir. Don Santiago, como lo conocen, lleva en su memoria esos días en que la ley la imponían los violentos y hoy, en tiempos de paz, lleva el dolor innombrable de la muerte violenta de tres miembros de su familia.

En la región, a raíz del proceso de paz con las Farc y la concentración de sus militantes, se vienen presentando hechos y amenazas de violencia en todo el municipio de Mesetas y en otros aledaños, como Uribe, Lejanías y El Castillo. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior vienen alertando de ello desde hace meses, sin que esto se haya traducido en mayor seguridad y bienestar.

“Las estructuras de grupos armados ilegales han intensificado las amenazas y acciones de violencia contra la población civil. El riesgo que representan estas acciones tiene como presuntos responsables a estructuras disidentes de las Farc-EP y grupos armados posdesmovilización de las Auc, particularmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (clan del Golfo y el bloque Meta)”, señaló el informe de riesgo del 10 de abril de 2017 de la Defensoría del Pueblo.

Las AGC, con propósitos contrainsurgentes, estarían promoviendo atentados en contra de personas relacionadas no sólo con la guerrilla de las Farc en proceso de desmovilizacion, sino “contra los movimientos sociales y políticos influenciados por la Marcha Patriótica, sectores ambientalistas independientes, que en virtud de la actual coyuntura política estarían ampliando su espectro en términos sociales y políticos”, refiere el documento.

A su turno, las estructuras disidentes mantienen su postura de rechazo frente al proceso de paz. “En su discurso se le pide a la población civil no apoyar el acuerdo suscrito entre la guerrilla y el Gobierno, mantener las pautas de comportamiento consignadas en los manuales de convivencia elaborados por la guerrilla en tiempos de guerra y advierten a la población civil que las reglas y las normas de control social y territorial se mantienen”, indica el escrito público de alerta.

Pero no son los únicos. “Hemos denunciado que hay rutas de narcotráfico que siguen vigentes en este territorio y que estos grupos, que no responden a un mando unificado, están tomando el control dejado por las Farc, extorsionan e intimidan. Esto sin contar las inconsistencias en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y, en general, la poca inversión y presencia institucional”, señala Alejandra Pérez, de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (DHOC).

No por nada, el Consejo Político Local de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de los Comunes en Mesetas (el partido político de la exguerrilla) lamentó la masacre de Buenavista y señaló la “gran preocupación que para la militancia fariana, en proceso de reincorporación a la vida civil, política y social, significa”.

En abril, en la vereda Buenos Aires, también de Mesetas, el asesinado fue Eliver Buitrago, presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda, recordado como un campesino trabajador. Y para ese entonces ya habían asesinado a dos personas más en este municipio. Los dos primeros (el 5 de marzo) eran hermanos e integraban el Partido Comunista y el sindicato Sintragrim: José Antonio y Luz Ángela Anzola Tejedor. En un primer momento se dijo que podrían ser las primeras víctimas de las disidencias que, supuestamente, ven en la población que acompaña el proceso de paz una amenaza a su seguridad.

Pero hay otra versión sobre este doble asesinato: “El plan paramilitar de importar el terror en áreas rurales del proceso de paz no es inocente ni espontáneo, hace parte del Plan Victoria de contrainsurgencia que busca el aislamiento de las zonas veredales de las Farc y prepara el ambiente para nuevas agresiones por fuera del cese al fuego bilateral y definitivo”, señala el fragmento de un comunicado del Partido Comunista que retomó la Defensoría del Pueblo en su informe de riesgo.

Mientras el Estado toma medidas eficaces de protección, la población que habita estos territorios del Meta seguirá inmersa en una disputa por control territorial, entre disidentes que se autoproclaman como insurgentes y estructuras provenientes del paramilitarismo, que ven como blanco de sus represalias a aquellos que simpatizan y participan en la implementación de los acuerdos de paz. 

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